Reiterar la necesidad de consumir productos locales, en comercio de proximidad o mediante grupos de consumo, evitando comprar en las grandes cadenas de distribución alimentaria no es una manía de ecologistas obsesionados con las corporaciones. El proceso de liberalización vivido en las últimas décadas ha supuesto un creciente proceso de concentración empresarial a lo largo de toda la cadena del sistema alimentario, pero de forma especialmente sensible en la distribución condicionando lo que se produce y consume a través de sus políticas de compras a proveedores y de precios de venta al consumidor.
En España esto se traduce en que sólo tres cadenas de distribución alimentaria (Carrefour, Mercadona y Eroski) deciden la mitad de lo que comemos y los precios que pagamos por los alimentos. Las organizaciones agrarias y de consumidores de forma concertada llevan años realizando el Índice de Precios en Origen y Destino de los Alimentos (IPOD), como forma de denunciar el diferencial entre lo que se paga a los productores y lo que pagan los consumidores por los productos, evidenciando los tremendos márgenes de beneficio de estas empresas. En el último IPOD de julio de 2012 algunos productos como el plátano multiplicaban un 1.550% su precio, el repollo un 625%, la cebolla un 556%…
Estos injustificables márgenes de beneficio contrastan con los precios en origen que reciben los y las productoras, y que para multitud de productos agrarios apenas han subido en los últimos lustros. Todo ello a pesar del encarecimiento progresivo de los insumos (combustible, fertilizantes, productos fitosanitarios, etc.) de los que cada vez son más dependientes, siguiendo las lógicas de producción cada vez más intensivas que exigen unos mercados liberalizados y dirigidos por la competitividad (producir grandes volúmenes al menor coste posible).
Cualquier estrategia de transformación del sistema agroalimentario que se oriente a superar la altísima dependencia de los combustibles fósiles (elevada mecanización, abonos de síntesis, distancias de miles de kilómetros en su distribución…), así como el hecho de que sus aportes sean un 30% de los gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, debe de contar con los agricultores como un actor privilegiado. No hay alternativa de producción sin productores, y uno de los principales problemas a los que asistimos es a la progresiva desaparición de miles de pequeñas y medianas explotaciones.
Estas pequeñas producciones diversificadas e integradas en el medio local son las que tienen mayor capacidad de articular el medio rural, al generar empleo y fijar población. Además reducen considerablemente los consumos de energía, agua, fitosanitarios… y favorecen el mantenimiento de los servicios de los ecosistemas, lo que supone un indudable e impagado efecto positivo.
Otro factor clave es el desamparo institucional ante la falta de ayudas públicas que fomenten este modelo de agricultura de pequeña escala dirigido al mercado local, premiando la producción y el empleo frente a la superficie cultivada como criterio de asignación que beneficia a los grandes propietarios de tierras.
Ante este panorama, la pérdida de empleos agrarios y el abandono de fincas son una constante: en el caso de España se han perdido más de millón y medio de empleos en el sector desde 1975; en la Unión Europea han desaparecido entre 2003 y 2009 un 20% de las explotaciones y un 25% de los empleos agrarios *.
Y es precisamente este final de ciclo el que puede posibilitar una más que necesaria dignificación material y simbólica de la actividad campesina, que se traduzca en unas rentas agrarias dignas, evitando que nuestro dinero termine en el bolsillo de las grandes distribuidoras. Mejoras que deben de acompañarse de medidas como el mantenimiento en los entornos rurales de los servicios públicos (escuela, transporte, sanidad…), o el imprescindible relevo generacional que garantice la continuidad de la actividad agraria.
Iniciativas sociopolíticas defendidas hace años desde los espacios de confluencia por un mundo rural vivo como Plataforma Rural o la Universidad Rural Paulo Freire, escoltadas de actividades artísticas que quieren cambiar los prejuicios sobre el mundo rural, como Campo Adentro que organiza muestras y exposiciones, además de posibilitar la residencia temporal de artistas en el medio rural para que desarrollen acciones de arte colaborativo. Dinámicas que deben ser apoyadas desde los entornos urbanos, sobre los que recae buena parte de la responsabilidad de organizar patrones de consumo alternativos que favorezcan al mundo rural, pues solamente desde esta alianza es posible avanzar hacia la soberanía alimentaria.
* Evolución explotaciones/empleo UE: Eurostat News Release STAT/11/147. “EU-Agricultural census 2010 – first results”. 11/10/2011
Desde hace mucho tiempo sabemos de la desprotectión de los agricultores, lo difícil de su trabajo, agravado por nuevas plagas que surgen de la globalización, por el cambio climático, por el encarecimiento de la mano de obra y los bajos precios por los que se ven obligados con frecuencia a vender sus productos. Como consecuencia también de los productos importados de lejanos lugares del planeta resultan una seria competencia para la producción autóctona. Es necesario un cambio de política que priorice la producción propia de cada región y comarca a fin de que podamos consumir nuestros propios productos preferentemente, sin que los agricultores tengan que pasar los por la criba de las grandes cadenas de supermercados.